El panorama de los derechos humanos de las personas trans en México no se ve nada bien, y con la creciente ola de violencia y desigualdades, solo empeora. Para octubre de 2024, se han cometido 54 transfeminicidios en el país, ni siquiera nuestro derecho a la vida es protegido.

 Pero el acceso a la salud, vivienda, educación y empleo tampoco son una realidad para nuestra población. A nivel nacional se calcula que solo el 5%  ejerce una profesión, dejando en más de 90% la tasa de desempleo en personas trans. (Expansión, 2021)

Con el reciente cambio de las administraciones a nivel federal y local, se abre una nueva oportunidad con este nuevo gobierno para impulsar cambios en todo el país. Actualmente 2 estados han tipificado penalmente el transfeminicidio, además, se han emprendido esfuerzos para salvaguardar los derechos de las personas trans, tal como la Unidad de Salud Integral para Personas Trans en la Ciudad de México, mediante la cual, las personas trans pueden tener acceso a terapia de reemplazo hormonal y terapia psicológica; sin embargo, esto apenas es el comienzo. 

Con las administraciones entrantes, necesitamos acciones mediante las instituciones locales, para incorporar el bienestar de las personas trans dentro de la agenda política, en materia de acceso a la salud, educación, empleo y vivienda. Es urgente descentralizar las acciones en pro de nuestros derechos, hay que trabajar en la periferia. 

Necesitamos autoridades que se comprometan con asegurar el pleno ejercicio de nuestros derechos y libertades, así como nuestra integración en todos los sectores de la sociedad; no queremos inclusión, sino ser reconocidas como sujetos de derecho.

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