La Comisión Europea se compromete a actuar contra las prácticas de conversión tras años de presión

Durante años, los y las integrantes de All Out han estado presionando a la Unión Europea para que adopte una postura clara contra las llamadas "terapias de conversión" – prácticas que intentan cambiar, suprimir o reprimir la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona. El 13 de mayo de 2026, la Comisión Europea respondió formalmente. Emitirá una recomendación en 2027 en la que pedirá a todos los países de la UE que prohíban estas prácticas en sus legislaciones nacionales, y ha señalado a las prácticas de conversión como una prioridad en su nueva Estrategia de Igualdad LGBT+.

Este es un paso adelante muy significativo. Tampoco es la prohibición vinculante y total en toda la UE que más de un millón de personas europeas habían exigido. El trabajo no ha terminado – pero el panorama ha cambiado.

La campaña para poner fin a las prácticas de conversión en Europa ha sido larga. All Out lanzó su petición instando a la Comisión Europea a actuar años antes de que el asunto llegara a las instituciones de la UE a este nivel. Más de 64,000 integrantes de All Out firmaron. Cuando se lanzó en 2024 la Iniciativa Ciudadana Europea "Prohibición de las prácticas de conversión en la Unión Europea", All Out movilizó a su comunidad por segunda vez, pidiendo a quienes habían firmado la petición que también firmaran la iniciativa oficial en la plataforma de la Comisión Europea. La iniciativa ciudadana es una de las herramientas democráticas más sólidas al alcance de las personas en la UE. Superar el umbral del millón de firmas obligó legalmente a la Comisión a responder.

La magnitud del daño está bien documentada. Las prácticas de conversión no tienen ningún valor terapéutico y han sido condenadas por la Organización Mundial de la Salud, las principales asociaciones médicas y psiquiátricas, y las Naciones Unidas, que han concluido que pueden equivaler a tortura según el derecho internacional. Según la encuesta LGBT+ de 2023 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, una de cada cuatro personas LGBT+ en la UE ha sido sometida a prácticas de conversión. La cifra se eleva a casi la mitad – el 47 por ciento de las mujeres trans y el 48 por ciento de los hombres trans. Estas no son cifras históricas. Describen lo que está ocurriendo en toda Europa en este preciso momento.

Eso es lo que hace que la respuesta de la Comisión sea tan significativa. Por primera vez, la Comisión Europea se ha comprometido a presentar un instrumento formal para pedir a los 27 Estados miembros que prohíban las prácticas de conversión en sus sistemas jurídicos nacionales. La recomendación se basará en las leyes ya vigentes en ese momento en ocho países de la UE – Bélgica, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Malta, Portugal y España – e incluirá medidas complementarias como capacitación para profesionales de la medicina y apoyo para las víctimas. Se invitará a los Estados miembros a informar sobre cómo la implementan.

La Comisión también ha anunciado un nuevo foro político LGBT+ que se reunirá por primera vez en Bruselas antes de que finalice 2026, con las prácticas de conversión como tema de apertura. Ya está en marcha un estudio encargado por la Comisión sobre las prácticas de conversión, el cual servirá de base para la recomendación.

La Comisión se quedó corta con respecto a lo solicitado por la iniciativa ciudadana. Se negó a proponer legislación vinculante de la UE, argumentando que cualquier vía vinculante a través de los Tratados requeriría el acuerdo unánime de los 27 gobiernos – un umbral que ha bloqueado la legislación sobre derechos LGBT+ en el Consejo durante años.

La lucha se traslada ahora al lugar donde se tomarán las próximas decisiones: las capitales nacionales. Muchos países de la UE aún no cuentan con protección jurídica específica contra las prácticas de conversión. Que la recomendación de la Comisión para 2027 se traduzca en una protección real sobre el terreno para las personas LGBT+ dependerá de lo que los gobiernos decidan hacer con ella.

El progreso logrado hasta ahora no ocurrió por sí solo. Es el resultado de años de presión constante por parte de las comunidades LGBT+, familias, aliados y aliadas, profesionales de la medicina y defensores y defensoras de los derechos humanos en toda Europa. La comunidad de All Out formó parte de esa presión por partida doble: primero a través de nuestra propia petición y luego ayudando a movilizar firmas para la Iniciativa Ciudadana Europea. También lo hicieron los organizadores y organizadoras de la iniciativa ciudadana, el Parlamento Europeo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y el Comité Económico y Social Europeo; todas estas instancias han pedido medidas contra las prácticas de conversión durante el último año.

La recomendación de la Comisión es un paso, no la meta final. La siguiente fase de esta lucha se desarrollará en 19 capitales, legislaturas, tribunales, asociaciones médicas y comunidades. Se necesitará la misma determinación que llevó a las instituciones de la UE hasta este punto para garantizar que todas las personas LGBT+ en Europa estén protegidas, y no solo aquellas que tengan la suerte de vivir en el país correcto.

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